La corrupción, grave problema
El fenómeno de la corrupción, ya sea en forma de tráfico de influencias o en forma de obtención de favores ilícitos a cambio de dinero u otras prebendas, constituye una vulneración de los derechos humanos, es una violación del derecho a la igualdad ante la Ley, una alteración de los principios democráticos que conduce a la sustitución del interés público por el interés privado de quienes se corrompen.
La corrupción es una relación bilateral, una acción donde participan dos sujetos, uno en posición activa -el que corrompe- y el otro en posición pasiva -el corrompido-.
En nuestro caso vamos a tomar en cuenta la acción corrupta del empleado o funcionario público. Consideramos funcionarios públicos a: los elegidos mediante el voto popular, los de libre nombramiento y remoción y los contratados.
La corrupción no sólo es directa, cuando hay un beneficiario específico, también puede ser indirecta cuando las ventajas son para terceros.
El acto corrupto se realiza por medio de una acción racional con fines individuales o colectivos, en la mayoría de los casos se persigue un fin económico, por eso, al seleccionar los funcionarios públicos se debería observar estrictamente el principio de probidad, consistente en mantener una conducta moralmente intachable y el buen desempeño del cargo.
Todo funcionario público deberá ejercer el cargo con transparencia, exponiéndose a la opinión de la sociedad civil, a la ciudadanía, que a su vez, debe tener acceso a la información de la gestión pública y el desempeño ético de todos los empleados públicos, ejerciendo controles en el desempeño de sus funciones.
Mediante este análisis se requiere demostrar que la corrupción administrativa es la causa de la baja credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones y en sus dirigentes, por eso es necesario construir vigorosas campañas de concientización para acabar con este flagelo que desmorona la democracia, el desarrollo de los pueblos y que causan el rechazo e indignación de todos los ciudadanos.