Más de 10 meses sin solución en La Floresta
Ya son más de 10 meses el tiempo que las familias del conjunto ubicado en la calle 65 con carrera 49 llevan esperando una solución al peligro de deslizamiento de sus casas.
Su sufrimiento comenzó en marzo de 2008 cuando a causa de la erosión el talud de la parte nororiental del conjunto ocasionó la caída de los gaviones que realizó en su momento la constructora Guanatá Limitada en 1993.
“Como las autoridades les dieron permiso de construir, ellas debían responder por este daño” aseguró Abraham Quintero, residente del lugar y uno de los más afectados pues su casa se encuentra justo sobre la zona del deslizamiento.
Luego de dos años de pleito, en el 2010 gracias a una acción de tutela la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb) y la Alcaldía fueron obligadas a arreglar el talud.
Para esa fecha se adjudicó el contrato al ingeniero Jaime Galán Villamizar quien realizó un proceso llamado ‘tierra atirantada’ que consiste en sostener una serie de baldosas de cemento mediante unos cables de acero que van anclados a la tierra.
Sin embargo, el invierno del año pasado provocó que el 13 de octubre se cayera esta construcción sin haberla terminado y con el 80% de avance.
“Uno de los principales problemas fue que los constructores no hicieron la correcta cimentación pues no fue más profunda de un metro con 40 cm. Afortunadamente los cables no alcanzaron a estar atados a las baldosas superiores porque se hubieran caído también las casas” señala el afectado.
No obstante, la preocupación de estas familias es que luego de todos estos meses ninguna autoridad ha querido responder: ni Alcaldía, ni Cdmb, ni la aseguradora de la construcción, ni ninguna otra.
Un pleito legal
La situación de estas familias ya pasó a un plano legal debido a que el pasado abril la Contraloría abrió un juicio de responsabilidad fiscal contra Álvaro Antonio Ramírez Herrera, exsecretario de Infraestructura de Bucaramanga.
La investigación inició luego de una visita al terreno donde la Contraloría determinó que el daño se pudo presentar por un cambio en los diseños de la obra. Según los estudios realizados por la Cdmb los trabajos debían hacerse por medio de gaviones y no por medio del sistema de tierra atirantada como se hizo finalmente.
Además de las consecuencias para la comunidad, esto pudo causarle un año fiscal al municipio de más de $600 millones debido a que este cambio significó una adición presupuestal de $206 millones.